políticas de empleo público y poder sindical en Rosario. Dinámicas estatales y conflictividad durante el tercer peronismo (1973-1976)
MARIANA PONISIO
Universidad Nacional de Rosario
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Rosario
Santa Fe
Argentina
https://orcid.org/0009-0007-7008-2223
PolHis, Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política,
Año 19, N° 37, pp. 1-23
Enero-Junio de 2026
ISSN 1853-7723
ARK CAICYT
https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s18537723/kemkmp9rl
Fecha de recepción: 15/02/2026 - Fecha de aceptación: 02/05/2026
Resumen
El artículo analiza, desde una escala subnacional, las políticas de empleo público en la Municipalidad de Rosario entre 1973 y 1976, en el contexto del retorno del peronismo al poder y de las disputas intraperonistas que atravesaron al Estado. Sostiene que dichas políticas excedieron su dimensión administrativa y funcionaron como recursos políticos para construir lealtades, gestionar conflictos y sostener equilibrios dentro de la coalición gobernante. A partir del análisis de documentación municipal, prensa, legislación y fuentes orales, se propone una lectura del Estado como un entramado heterogéneo de actores y agencias en tensión, atravesado por disputas corporativas y políticas. Se considera al sindicalismo como un actor central con capacidad de incidencia y veto sobre decisiones estatales, proyectando su influencia más allá del terreno gremial hacia las dinámicas de gobierno local. Se reconstruyen las estrategias de la rama sindical peronista, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario (STMR) y de sectores sindicales combativos, evidenciando la coexistencia entre negociación, presión y confrontación. Asimismo, se observa la ausencia de políticas de depuración ideológica en el ámbito municipal —en contraste con otras agencias estatales—. El trabajo aporta a los debates sobre Estado, peronismo y relaciones entre política y sindicalismo, destacando la relevancia de la escala local.
Palabras Claves
Estado – empleo público – sindicalismo – peronismo – Rosario.
Public Employment Policies and Union Power in Rosario. State Dynamics and Conflict during the Third Peronism (1973–1976)
Abstract
This article analyzes, from a subnational perspective, public employment policies in the Municipality of Rosario between 1973 and 1976, within the context of Peronism’s return to power and the intra-Peronist disputes that cut across the state apparatus. It argues that personnel recruitment and job stability measures exceeded their administrative dimension and operated as political tools to build loyalties, manage conflicts, and sustain internal balances within the governing coalition. Based on municipal records, press sources, legislation, and oral testimonies, the study interprets the state as a heterogeneous assemblage of actors and agencies in tension, shaped by both corporative and political disputes. Trade unionism is considered a central actor with the ability to influence—and even veto—state decisions, projecting its power beyond the strictly labor sphere and into the dynamics of local governance. The article reconstructs the strategies of the Peronist labor branch, the Municipal Workers’ Union of Rosario (STMR), and militant union sectors, highlighting the coexistence of negotiation, pressure, and confrontation. It also identifies the absence of ideological purging policies within the municipal sphere—contrasting with other state agencies. The study contributes to debates on the state, Peronism, and the relationship between politics and organized labor, underscoring the analytical relevance of the local scale.
Keywords
State – public employment – trade unionism – Peronism – Rosario.
Políticas de empleo público y poder sindical en Rosario. Dinámicas estatales y conflictividad durante el tercer peronismo (1973-1976)
1973 irrumpió en la historia argentina como un año atravesado por la coexistencia de expectativas democratizadoras y altos niveles de movilización social. En mayo, el peronismo regresó al gobierno tras dieciocho años de proscripción y se abrió un escenario de intensa recomposición política, sindical y estatal, atravesado por disputas intraperonistas que se proyectaron sobre los distintos niveles del Estado. En ese contexto, las políticas de empleo público adquirieron una centralidad que excedió su dimensión administrativa y se convirtieron en un recurso político estratégico, cuyo análisis permite observar las articulaciones y tensiones entre Estado, sindicalismo y política.
Este artículo analiza las políticas de incorporación, regularización y estabilidad laboral en la Municipalidad de Rosario entre 1973 y 1976, examinando su articulación con las estrategias sindicales y las disputas internas del peronismo. Se sostiene que el empleo público funcionó como un instrumento clave para construir lealtades, dirimir conflictos y sostener equilibrios inestables dentro del gobierno municipal. Así, el reparto de poder no se limitó a los cargos electivos y de gestión y la administración local se convirtió en un terreno de disputa política.
El estudio se sustenta en el análisis triangulado de documentación administrativa municipal, prensa, legislación y fuentes orales. Este abordaje permite trabajar en un juego de escalas (Revel, 2015) que vincula las dinámicas municipales con procesos políticos y estatales de alcance nacional. Desde esta perspectiva, se concibe al Estado como un entramado heterogéneo de agencias, actores, normas y prácticas atravesado por tensiones, disputas y negociaciones (Bohoslavsky y Soprano, 2010; Di Liscia y Soprano, 2017). Asimismo, el sindicalismo se entiende como un actor corporativo central del sistema político argentino, con capacidad de incidencia, veto y negociación, y un papel decisivo en las disputas por el control del poder estatal (Sidicaro, 2005).
El artículo se organiza en torno a una periodización en dos etapas. En primer lugar, se analizan las políticas de empleo y estabilidad laboral implementadas entre mayo de 1973 y mediados de 1974, cuando el empleo público fue concebido como herramienta para atenuar el desempleo y consolidar apoyos políticos en un contexto de ampliación de derechos y fuerte intervención estatal. El crecimiento acelerado de la plantilla municipal —que pasó de 6.800 agentes a más de 8.000—[1] estuvo en sintonía con políticas nacionales y procesos que atravesaron otras agencias estatales (Ferrer, 2004; Aroskind, 2007; Iramain, 2014) y tuvo efectos en la composición del colectivo laboral y en la intensificación de las disputas gremiales.
En segundo lugar, el trabajo examina las transformaciones producidas desde mediados de 1974, cuando el viraje hacia la “austeridad”, la derechización del gobierno nacional y el avance del disciplinamiento estatal impactaron en la administración pública y el movimiento obrero. En el plano local, estos procesos se tradujeron en la consolidación del sindicalismo tradicional y en una creciente vigilancia sobre trabajadores/as identificados con las izquierdas peronista y marxista, aunque sin la implementación inmediata de políticas de depuración ideológica en el ámbito municipal.
La mirada situada en la Municipalidad de Rosario posibilita reconstruir la especificidad de los actores involucrados sin perder de vista su inscripción en procesos y políticas más amplias. Este enfoque contribuye a problemáticas historiográficas subnacionales que cuestionan miradas capitalinas y ponen en evidencia las fricciones y articulaciones que caracterizaron el ejercicio del poder estatal en sus diferentes ámbitos y escalas (Bohoslavsky y Lvovich, 2017).
Políticas de empleo público bajo el gobierno del FREJULI
En mayo de 1973 el peronismo regresó al gobierno nacional, provincial y municipal con el apoyo de un arco heterogéneo de actores —desde la derecha a la izquierda del Movimiento Nacional Justicialista (MNJ) e incluso extrapartidarios—. En Santa Fe, el sindicalismo nucleado en torno a las 62 Organizaciones peronistas[2] —en particular, el Sindicato de la Carne y la Unión Obrera Metalúrgica— tuvo un papel decisivo en el armado del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI).[3] Eso les dio a los jefes sindicales un importante peso en la política provincial y local. En Rosario, Rodolfo Ruggeri[4] fue electo intendente con fuerte respaldo de las 62, especialmente del Sindicato de la Carne.[5] Esta centralidad del sindicalismo no solo se expresó en la construcción de la candidatura ejecutiva, sino también en la configuración del escenario institucional posterior.
El Concejo Deliberante mostró pluralidad, aunque con mayoría peronista. La rama sindical accedió tanto a bancas como a espacios en el equipo ejecutivo, desde los cuales influyó directamente sobre el intendente. Otros sectores del MNJ —los históricos referentes y agrupaciones juveniles como el Frente Estudiantil Nacional (FEN), Encuadramiento y la Juventud Peronista Regional II (JP-RII)— también obtuvieron posiciones, aunque en menor medida, anticipando un escenario de negociación y disputa en el que confluyeron tradiciones políticas diversas y en el que el peso del movimiento obrero organizado resultó un factor decisivo.
En ese contexto, las políticas de empleo público adquirieron centralidad en la agenda municipal en consonancia con la concepción estatal que orientó a la gestión peronista a nivel nacional. En el marco del intervencionismo estatal y el Pacto social[6], el municipio impulsó políticas de ampliación del empleo y estabilidad laboral que fueron entendidas como instrumentos para atenuar el desempleo, especialmente en ámbitos provinciales y municipales.[7]
En Rosario, la definición de estas políticas respondió más a iniciativas de ediles peronistas que aludían a la “justicia social” y a decisiones del Ejecutivo que a demandas del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario (STMR). En la práctica, el empleo público fue utilizado como mecanismo para dirimir disputas políticas y sindicales del ámbito local-regional que se tradujeron en la puja por el control de áreas y espacios dentro de la administración municipal.
La implementación de esas políticas generó tensiones con la conducción del STMR, encabezada por Ignacio Varela —secretario general desde 1966, con vínculos previos con los interventores de la dictadura (1966-1973)—, quien buscaba preservar su primacía frente al avance de otros sindicatos, especialmente el de la Carne, en la administración.[8] La prensa de izquierda presentó a la disputa como un enfrentamiento entre “burócratas”, donde la dirigencia del STMR objetaba el avance del bloque sindical alineado con Ruggeri, liderado por los sindicatos de la Carne y del Vidrio. Las disputas reflejaban fracturas más amplias dentro de las 62 Organizaciones en el ámbito local-regional, divididas en 1973 entre “62 gremiales peronistas” —con asiento en el Sindicato del Vidrio y referenciadas en Gerardo Cabrera (Carne)— y “62 auténticas” —encabezadas por Alfonso Galbán, dirigente de la CGT Rosario, con reconocimiento legal y apoyo de la UOM—. En este cuadro, Varela se colocó tras esta última línea.[9]
Hacia fines de 1973, la rama sindical que había respaldado inicialmente a Ruggeri se encontraba dividida. El sector de las 62 gremiales peronistas —con predominio del “sector de la carne”— y el FEN resultaron los más favorecidos por los ingresos de trabajadores/as. El STMR declaró el gremio en estado de alerta, denunció su marginación en las designaciones y realizó varios paros.[10] Sus reclamos combinaban demandas salariales con críticas políticas frente al avance de otros sectores sindicales en el municipio. Sin embargo, las tensiones entre sindicato y municipio se atenuaron en diciembre de 1973 cuando el Concejo aprobó ordenanzas de estabilidad laboral que regularizaron a más de 2.000 agentes, incluyendo personal heredado de otras gestiones y nuevos ingresos.[11] El sindicato intentó capitalizar la medida, aunque la iniciativa había sido impulsada por ediles peronistas de la rama sindical.[12]
En 1974 la relación entre sindicato y municipio se reorientó hacia la negociación. El STMR recuperó incidencia en las designaciones y se convirtió, junto con el “sector de la carne”, en interlocutor obligado del Ejecutivo. Según Boggino, ambos actores tuvieron “gran capacidad de presión”, mientras que el FEN, la JP-RII y Encuadramiento mantuvieron una presencia más acotada.[13]
El carácter conflictivo de las políticas de empleo se evidenció en los debates presupuestarios que revelaron tensiones entre fracciones sindicales respecto de los límites del crecimiento del gasto en personal. La CGT Rosario —vinculada a las 62 auténticas— denunció los riesgos de un presupuesto deficitario para la estabilidad y el salario municipal.[14] Las 62 gremiales peronistas respaldaron el proyecto, en línea con su apoyo al Ejecutivo, y sostuvieron que las medidas sancionadas “beneficiaban a los trabajadores municipales y se inscribían en los principios de la doctrina peronista”.[15] El STMR acompañó al intendente, adoptando una postura más pragmática tras su inicial confrontación y una actitud acomodaticia respecto de su alineamiento sindical.
El municipio se configuró, así, como espacio estratégico de disputa en el que operó con fuerza el peso del sindicalismo y sus divisiones internas. Cada sector sindical ejerció su poder de presión y de veto y el empleo público adquirió un carácter instrumental, que operó como recurso de negociación, construcción de redes y redefinición del poder sindical en el ámbito local.
Disputas gremiales y consolidación del sindicalismo tradicional
Los/as trabajadores/as municipales no permanecieron al margen de la efervescencia política y social que caracterizó la coyuntura abierta en 1973. En Rosario y su cordón industrial se desarrolló un elevado nivel de conflictividad que atravesó al sindicalismo de base, las comisiones internas, las organizaciones político-militares y las disputas intraperonistas por la hegemonía del movimiento. En ese contexto, sectores municipales cuestionaron la conducción del STMR y activaron una disputa gremial que se organizó en torno a agrupaciones opositoras al liderazgo de Ignacio Varela.
Durante 1973 cobraron fuerza agrupamientos que denunciaban el personalismo de la dirigencia sindical y sus vínculos con las autoridades municipales. La oposición, mayoritariamente peronista, aunque con presencia minoritaria de militantes marxistas, se articuló en listas con orientaciones diferenciadas —la Blanca, de peronistas “auténticos”; la Verde, también peronista y la agrupación de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP)[16]— que expresaban tensiones hacia adentro del sindicalismo tradicional y también proyectos gremiales alternativos. Frente a este avance, la conducción del STMR reorganizó su estrategia para retener el control del sindicato y consolidó alianzas con agrupaciones preexistentes —las listas Violeta, Azul y Blanca y Unidad Gremial— que reunían a sectores radicales, conservadores y algunos peronistas. Esa coalición oficialista se plasmó en la lista “Unidad”, preparada para competir en las elecciones sindicales de marzo de 1974 (Sánchez y Moyano, 2006). El escenario de disputa se vio además atravesado por el fortalecimiento de la rama sindical peronista, que había adquirido mayor gravitación en la política municipal.
La oposición intentó disputar la conducción mediante una lista común que nucleó diversas vertientes del peronismo e incorporó, en menor medida, militantes vinculados al Partido Comunista Revolucionario (PCR) y al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).[17] En coyunturas de disputa sindical, las diferencias podían ser relegadas para articular una alternativa común. Sin embargo, las elecciones se realizaron con la sola participación del oficialismo, que obtuvo 3.453 votos —aproximadamente el 45 % del padrón— garantizando la continuidad de Varela.[18] La permanencia de la conducción respondió, en buena medida, al control de la Junta Electoral y a un andamiaje estatutario restrictivo que limitaba la competencia interna (Torre, 1982) y permitió desestimar la lista opositora bajo el argumento de que “incurría en la violación de las normas substanciales y formales en su presentación”.[19]
La Junta había sido designada en una asamblea a la que asistieron más de dos mil afiliados, lo que evidencia la capacidad de movilización que tenía la conducción gremial.[20] Esa concurrencia pudo sustentarse tanto en la adhesión de algunos sectores de base como en prácticas asociadas a lo que actores de la época denominaron “burocracia sindical”.[21] En ese sentido, el análisis requiere desarmar el esquema binario que opone mecánicamente dirigencias y bases. Las conducciones sindicales no constituyen actores externos a la clase trabajadora, sino parte constitutiva de su configuración histórica. Las formas organizativas, los liderazgos, la normativa institucional y los mecanismos a través de los cuales se procesan los conflictos condicionan las estrategias colectivas efectivamente adoptadas (Ghigliani y Belkin, 2010). Asimismo, el movimiento obrero no conformó un sujeto homogéneo, sino que articuló concepciones divergentes —conciliadoras y combativas— sobre la identidad obrera y las estrategias de acción (Basualdo, 2010). El caso rosarino permite observar esas tensiones y los apoyos de los que disponía el sindicalismo tradicional.
La posición de la dirigencia se vio reforzada por su aval a las políticas de pase a planta impulsadas por la gestión municipal del FREJULI. Aunque tales medidas habían sido promovidas por ediles peronistas, el STMR capitalizó políticamente el logro. Las conquistas materiales previas, el marco estatutario favorable y las políticas de regularización laboral contribuyeron así a la consolidación de una conducción caracterizada por nuestros entrevistados como “burocrática”.
Ante la imposibilidad de competir en las elecciones, los sectores opositores recurrieron al Ministerio de Trabajo de la Nación mediante un amparo que no obtuvo resolución. La disputa gremial se desplazó entonces hacia los lugares de trabajo, donde la militancia combativa encontró nuevos espacios de intervención.
Militancias combativas y conflictividad laboral
Tras el cierre de los canales institucionales del sindicato, parte de la oposición optó por sostener la confrontación desde los lugares de trabajo. Una de las áreas donde este proceso resultó más visible fue la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social, espacio donde la JP-RII había logrado posiciones en el equipo municipal.[22] La designación de funcionarios vinculados al peronismo revolucionario amplió los márgenes para la acción de sectores combativos. Allí se concentró la conflictividad laboral, aunque la protesta desbordó a ese sector e incluyó trabajadores/as de otras áreas del municipio.
Entre abril y mayo de 1974 el personal de hospitales y policlínicos[23] realizó un paro progresivo por turnos que contó con el apoyo de secciones como Niveles y Calzadas y Parques y Paseos y llegó a reunir alrededor de 4.000 trabajadores/as —cerca de la mitad de la planta municipal— en reclamo de mejoras salariales y de la aplicación efectiva del nuevo sistema de categorización aprobado por el Concejo.[24] Si bien las demandas eran materiales, el conflicto expresó también una disputa política contra la conducción sindical, percibida como “enquistada” en el sindicato y negociadora con el Ejecutivo. Los huelguistas declaraban que “la medida de fuerza no era contra el gobierno popular, sino contra algunos dirigentes del sindicato por la total inoperancia ante el clamor de la situación”.[25]
La respuesta del STMR fue disciplinadora. La dirigencia calificó el paro como obra de “unos pocos irresponsables cuyo desatino podría hacer eco en el gremio y de cuyas consecuencias no se responsabiliza[ba]”[26] y sostuvo que plantear conflictos contra un “gobierno popular” constituía una traición.[27] El Departamento Ejecutivo acompañó esta lectura, descalificó la medida por “intempestiva” y abrió veintiséis sumarios administrativos contra trabajadores/as, intervino hospitales y aplicó sanciones contra funcionarios de alto rango que fueron suspendidos.[28] Sin embargo, la presión de organizaciones civiles locales —como la Asociación Médica de Rosario y la Unión de Mujeres de la Argentina—[29] que intervinieron públicamente logró la reversión de las sanciones en pocas semanas.[30]
El acontecimiento reforzó la estrategia de sostener una militancia gremial desde los lugares de trabajo mediante acciones de base y la organización de delegados. Nuevos episodios de conflictividad se registraron en noviembre de 1974, cuando trabajadores de distintas secciones realizaron paros por retroactividades salariales adeudadas.[31] Estos conflictos se inscriben en el ciclo regional de alta conflictividad obrera entre agosto de 1974 y marzo de 1975, caracterizado por el creciente distanciamiento entre bases y dirigencias sindicales, en el contexto del Pacto Social y del deterioro económico (Carminati, 2020).
Para comienzos de 1975 la escena había cambiado. En sintonía con la dinámica nacional, la conducción tradicional había consolidado su poder y la violencia estatal y paraestatal contra militancias de izquierda comenzaba a impactar en trabajadores/as municipales identificados con sectores combativos.
Militancia, persecución y empleo público en la antesala del golpe
Entre fines de 1973 y el golpe de Estado de 1976 se desplegó en Rosario y su cordón industrial una escalada represiva cuyas modalidades variaron a lo largo del período (Águila, 2017). La violencia estatal y paraestatal se dirigió contra militantes sindicales combativos, organizaciones político-militares y activistas de izquierda, mientras se reforzaban mecanismos de control ideológico dentro del aparato estatal. Inicialmente vinculados a disputas intraperonistas, estos mecanismos se articularon progresivamente con la doctrina de seguridad nacional y la definición de un enemigo ideológico amplio (Franco, 2012).
En este contexto, trabajadores/as municipales con militancias de izquierda fueron objeto de persecuciones, detenciones y represalias. Sin embargo, esta ofensiva no tuvo un correlato inmediato en la Municipalidad de Rosario. A diferencia de otras agencias estatales donde se implementaron políticas de depuración ideológica y cesantías (Arriaga, 2016; D’Antonio, 2018, 2019; Romano 2018, 2020), la gestión municipal del FREJULI no aplicó medidas sistemáticas de expulsión de personal por razones políticas hasta el golpe de 1976.
El análisis de casos de trabajadores detenidos en 1975 —vinculados tanto a las izquierdas peronista como marxista— permite observar esta especificidad. Durante la intendencia de Rodolfo Ruggeri se garantizó la continuidad laboral de agentes ausentes por persecución política o detenciones arbitrarias mediante sumarios administrativos sin resolución o licencias excepcionales. Esa situación se revertiría tras la intervención militar del municipio en 1976, cuando los mismos trabajadores serían finalmente cesanteados por “razones de seguridad”.
Héctor Páez ingresó a la Municipalidad en 1972, a los 17 años, y comenzó a militar en la JP-RII. Se integró a la JTP desde la sección Pavimento, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. El recuerdo de Héctor revive la polarización política e ideológica del movimiento obrero local en 1974, y la figura de Varela como “encarnación de la burocracia sindical” frente a la cual se disputaba otro modelo gremial, inspirado en experiencias combativas como la de la UOM de Villa Constitución.[32]
En 1975 fue detenido en el marco del operativo represivo contra la experiencia metalúrgica de Villa Constitución. Recuerda que formaba parte del Comité de lucha: “la JTP rosarina desplegaba tareas de apoyo y solidaridad con los compañeros metalúrgicos”.[33] En uno de los viajes de regreso desde Villa Constitución fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) por “tenencia de arma de guerra”. Pasó por distintas penitenciarias[34] y a fines de 1975 obtuvo el derecho de opción[35], pero su salida del país fue truncada con el estallido del golpe de Estado. Mientras transcurría ese itinerario represivo, la Municipalidad inició un sumario que permaneció sin resolución, evitando su cesantía hasta la intervención militar de 1976. Como recuerda el entrevistado: “Ruggeri no me cesanteó, la fue piloteando y cuando vino la intervención militar recién ahí me dejaron cesante”. [36] Así, la investigación administrativa funcionó como un mecanismo dilatorio para preservar un puesto de trabajo ante una detención arbitraria.
Una dinámica similar se observa en el caso de Juan José Mattos, trabajador de la Dirección de Asuntos Legales y militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Detenido en noviembre de 1975 por fuerzas conjuntas en un operativo inscripto en la nueva fase represiva abierta tras la habilitación de las Fuerzas Armadas para intervenir en el orden interno[37], solicitó desde prisión licencia laboral “por el término que sea necesario” por hallarse a disposición del PEN sin causa judicial. La Municipalidad aceptó las presentaciones, solicitó informes policiales y abrió un sumario que quedó sin resolución.[38] Mattos permaneció detenido en distintas unidades penitenciarias[39] hasta acceder al derecho de opción antes del golpe; en abril de 1976, la intervención militar dispuso su cesantía por “razones de seguridad”.
Otros casos muestran mecanismos similares. Un operario de la Dirección Administrativa de Tránsito —de quien no disponemos de datos sobre su militancia— detenido desde abril a noviembre de 1975 en la Jefatura de Policía de Rosario por infracción a la ley de seguridad nacional Nº 20.840[40] recibió licencias gremiales con percepción de haberes solicitadas por el STMR por estar realizando tareas en la colonia de vacaciones del gremio, en la provincia de Córdoba.
Estas prácticas evidencian que, hasta marzo de 1976, la Municipalidad de Rosario no adoptó una política sistemática de expulsión del personal por motivos ideológicos. Las investigaciones administrativas y licencias funcionaron como mecanismos que permitieron sostener la continuidad laboral de agentes perseguidos. En suma, el análisis de estos casos permite sostener que las políticas expulsivas se convirtieron en un eje central de la política municipal recién a partir del golpe de Estado. Las intervenciones militares de la Municipalidad y del STMR inauguraron una nueva etapa de disciplinamiento orientada a desarticular el entramado político-sindical que había disputado poder en el interior de la administración municipal durante los años previos.
Consideraciones finales
El análisis de las políticas de empleo público en la Municipalidad de Rosario entre 1973 y 1976 permite repensar, desde una escala subnacional, las relaciones entre Estado, sindicalismo y poder político en el marco del tercer peronismo. Tal como se planteó en la introducción, el retorno del peronismo al gobierno inauguró un escenario atravesado simultáneamente por expectativas democratizadoras, expansión de derechos y fuertes disputas intrapartidarias que se proyectaron sobre las estructuras estatales. En ese contexto, el empleo público emergió como un recurso político estratégico que operó en la intersección entre administración, representación corporativa y construcción de poder, confirmando que las políticas estatales no pueden comprenderse únicamente como respuestas técnicas a problemas de gestión, sino como prácticas situadas en campos de disputa.
Desde esta perspectiva, el estudio contribuye a una lectura del Estado como un entramado heterogéneo de agencias, actores y prácticas en tensión, donde las decisiones sobre el empleo público funcionaron como mecanismos concretos de mediación política. La expansión de la plantilla municipal, las políticas de regularización laboral y las disputas por su control no respondieron de manera directa a demandas del STMR, sino que estuvieron atravesadas por las disputas intraperonistas y por el peso específico de fracciones del movimiento obrero organizado. La centralidad de los sindicatos de la Carne y del Vidrio en el sostenimiento político de la intendencia de Rodolfo Ruggeri, así como el peso de ediles provenientes de la rama sindical, se tradujeron en una capacidad efectiva de incidencia sobre el Ejecutivo y en la sanción de ordenanzas que promovieron el empleo municipal y su estabilidad. Así, el acceso al empleo estatal operó como un dispositivo de producción de lealtades, distribución de recursos y construcción de equilibrios dentro de la coalición gobernante. En consecuencia, el caso analizado refuerza interpretaciones que subrayan el carácter relacional del Estado y su imbricación con actores sociales organizados, en particular con la rama sindical peronista, cuya capacidad de incidencia excedía ampliamente el terreno estrictamente gremial para proyectarse sobre las dinámicas de gobierno.
Asimismo, los resultados permiten problematizar las interpretaciones dicotómicas que oponen burocracia sindical y bases obreras, sugiriendo que la legitimidad de las conducciones tradicionales se sostuvo en una combinación de mecanismos institucionales restrictivos, prácticas autocráticas y obtención de beneficios materiales concretos, en un contexto de identidades obreras diversas y expectativas diferenciadas respecto del rol del sindicato. La trayectoria del STMR muestra, en este sentido, un actor con capacidad de adaptación que logró recomponer su centralidad mediante una estrategia pragmática que combinó confrontación pública, negociación con el Ejecutivo y alineamientos selectivos dentro del mapa sindical local. Paralelamente, se observa la emergencia de formas alternativas de militancia gremial y política que, ante el cierre de los canales institucionales del sindicato, se desplazaron hacia los lugares de trabajo.
El estudio también permite avanzar en la comprensión de las modalidades de disciplinamiento estatal previas al golpe de 1976. Por un lado, se registraron intervenciones frente a conflictos laborales protagonizados por sectores combativos, con un progresivo alineamiento del Ejecutivo municipal con las conducciones sindicales, en el marco del Pacto Social y del cierre gradual del sistema político. Por otro lado, se constata la ausencia de políticas de depuración ideológica en el ámbito municipal rosarino —en contraste con otras agencias estatales— lo que pone de relieve que el avance represivo no constituyó un proceso lineal ni homogéneo, sino que estuvo mediado por decisiones políticas situadas, equilibrios locales de poder y márgenes de autonomía relativa de las agencias estatales. Esta especificidad obliga a matizar interpretaciones que tienden a homogeneizar la acción depuradora del Estado en el período previo al golpe.
En suma, la investigación aporta a la historia política del tercer peronismo al mostrar que las políticas de empleo público constituyeron un observatorio privilegiado para analizar la construcción de poder estatal, las mediaciones corporativas y las disputas internas del partido gobernante. Al mismo tiempo, invita a profundizar el estudio de las variaciones locales en la acción estatal y a repensar las temporalidades del disciplinamiento político, subrayando la importancia de los enfoques que articulan escalas de análisis para comprender la complejidad de las relaciones entre Estado y política en la historia argentina reciente.
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[1] Datos obtenidos a partir del cruce de información extraída de la serie incompleta “Total de cargos, sueldos y jornales de la Administración Municipal” incluida en el Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos correspondientes a los años 1972 y 1974 —conservados en la Dirección General de Presupuesto de la Municipalidad de Rosario— y de noticias publicadas en La Capital (LC) durante el período 1973-1976.
[2] Las “62 Organizaciones peronistas” constituyeron la primera organización legal de articulación del peronismo tras el golpe de Estado de 1955 y evidenciaron la posición predominante de los dirigentes peronistas en el movimiento sindical, al ofrecer un canal institucional desde el cual actuar y presionar sobre el gobierno en el plano gremial y político. Asimismo, confirmaron que, en la práctica, los sindicatos operaban como la principal fuerza organizativa y la expresión institucional del peronismo en la etapa posterior a su proscripción. Desde 1962, la agrupación transitó desde una postura de confrontación con el status quo posterior a 1955 hacia una estrategia de negociación e inserción dentro de sus márgenes, cambio asociado al liderazgo de Augusto Vandor (UOM), figura emblemática del proceso de integración del aparato sindical al sistema político-institucional argentino, con su correlato de burocratización y creciente utilización de mecanismos autocráticos en la regulación de la vida interna de los gremios (James, 2013).
[3] El frente electoral aglutinó al peronismo —como fuerza hegemónica—junto con otras expresiones partidarias, entre ellas el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Conservador Popular y diversas agrupaciones neoperonistas provinciales (De Riz, 2010).
[4] Ruggeri era un histórico militante peronista que había desempeñado distintas funciones en secretarías y organizaciones civiles vinculadas al área de educación y que había estado preso por sus ideas políticas durante la época de la resistencia peronista.
[5] El gremio de la carne de Rosario tuvo, históricamente, una destacada gravitación en el entramado político partidario y gremial local, provincial y nacional. Sobre este tema, véase Vogelmann (2013).
[6] El Pacto Social definió una política de ingresos concertada que procuraba compatibilizar los objetivos redistribucionistas de la nueva administración peronista con la situación de coyuntura que atravesaba la economía argentina a mediados de 1973. Se propuso el doble objetivo de contener las expectativas inflacionarias y controlar las pujas intersectoriales por la distribución del ingreso y para lograrlo aumentó los salarios en un 20%, muy por debajo de las demandas sindicales, suspendió las negociaciones colectivas por dos años, congeló el valor de todos los artículos y creó un rígido sistema de fiscalización de precios. Para lograr su concreción, Perón desplegó toda su capacidad de presión e influencia sobre las huestes sindicales. Si se analiza la lógica de la política de concertación se advierte que, una vez firmados los acuerdos, la CGT había obligado a los sindicatos a congelar, por igual lapso, el uso del único poder de control económico que institucionalmente les era reconocido, el de afectar el comportamiento de los salarios. Mientras, los empresarios no habían resignado el control sobre una serie de variables económicas cruciales para el desenvolvimiento del plan económico (Torre, 2004, pp. 32-33).
[7] Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, 1974-1977 http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006305.pdf (consultado el 26 de abril de 2025).
[8] “Refieren municipales causas de la declaración del estado de alerta”, en LC, 5 de agosto de 1973.
[9] Este conflicto sindical en el ámbito local se inscribió en disputas de alcance nacional dentro del movimiento obrero peronista. Una nota del semanario El Descamisado, al referirse a los enfrentamientos entre burocracias sindicales en Rosario, señalaba que “detrás de este conflicto sobresale, con nitidez, el enfrentamiento entre Lorenzo Miguel y Victorio Calabró”. Allí se advertía que Galbán era identificado como un dirigente alineado con el vicegobernador bonaerense y respaldado por él, mientras que Lorenzo Miguel —aun reconociendo la fortaleza política de Calabró— evitaba una ruptura abierta. En ese marco, reconocía oficialmente como parte de las 62 Organizaciones a las denominadas “auténticas”, mientras que las conducidas por Cabrera y Patalogoitia quedaban relegadas a una condición de “clandestinas”. “El enfrentamiento entre los dirigentes de las ‘62’. Burócratas contra burócratas”, en El Descamisado, nº 29, 4 de diciembre de 1973.
[10] “Estado de alerta de municipales”, en La Tribuna (LT), 6 de agosto de 1973.
[11] “Todo el personal ha de quedar efectivo en 1974”, en LC, 15 de diciembre de 1973.
[12] Digesto de la Municipalidad de Rosario (DMR), Diario de Sesiones del Concejo Municipal (DSCM), mayo de 1973-enero de 1974. Personal eventual. Efectivización, pp. 1138-1143.
[13] Edison Boggino, entrevista realizada por la autora, Rosario, 15 de agosto de 2019.
[14] “La CGT Rosario y el Presupuesto Municipal”, en LT, 3 de enero de 1974.
[15] “Presupuesto: mañana a las 10 el debate final”, en LT, 18 de enero de 1974.
[16] La JTP surgió en el marco del conflicto interno del peronismo entre las facciones que disputaban el liderazgo del movimiento, en particular, Montoneros y el sindicalismo nucleado en la CGT. Se concibió como una organización de superficie orientada a intervenir en el ámbito sindical y sostenía que las conducciones político-gremiales de cada sindicato debían asentarse en las “agrupaciones de base”. Se proponía como una herramienta para disputar la conducción de la CGT a lo que definía como la “burocracia sindical”. En Rosario, se estructuró en torno a la Unidad Básica de Juan “el Chancho” Lucero e integró la Regional II, junto con Entre Ríos y la zona norte de la provincia de Buenos Aires (Zárate, Campana y San Nicolás) (Viano, 2013).
[17] Carlos Corbella, entrevista realizada por la autora, Rosario, 10 de mayo de 2019; Juan José Mattos, entrevista realizada por la autora, Rosario, 26 de mayo de 2019.
[18] “Reeligieron a Varela en el Sindicato de Municipales”, en LT, 13 de marzo de 1974.
[19] “Comunicado del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario”, en LT, 1 de marzo de 1974.
[20] “Asamblea de Municipales”, en LT, 21 de febrero de 1974.
[21] Cuando el término “burocracia sindical” es enunciado por los actores que vivieron la época bajo estudio, es considerado una categoría nativa utilizada para definir a aquellos sectores del movimiento obrero caracterizados por la burocratización de las dirigencias sindicales. Esta aludía a la perpetuación de las conducciones —mediante prácticas autoritarias y marcos jurídicos que favorecían a las cúpulas—, a su tendencia a conciliar intereses con las patronales y los gobiernos, y a la creciente separación de los representantes sindicales respecto de sus bases.
[22] El área de salud había sido, desde inicios de los años setenta, un territorio donde se habían gestado críticas tempranas a la conducción sindical (Sánchez y Moyano, 2006). Cuando asumió el FREJULI, la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social quedó a cargo de Santiago Montaldo (JP-RII) y la Dirección General de Atención Médica de Jorge Francesio, militante de Montoneros, actualmente desaparecido.
[23] Entre estos estaba el Hospital Central, Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Policlínico Clemente Álvarez, Policlínico Roque Sáenz Peña y Policlínico Alberdi.
[24] “Los municipales y el intendente rosarino. Declarados en comisión los obreros que cumplen paros progresivos”, en Noticias nº 144.
[25] “Severa medida comunal por paro en hospitales”, en LT, 17 de abril de 1974.
[26] “Por un conflicto intervienen 3 hospitales rosarinos”, en Noticias nº 146.
[27] “Al gremio municipal y a la opinión pública”, en LT, 19 de abril de 1974.
[28] “Por un conflicto intervienen 3 hospitales rosarinos”, en Noticias nº 146.
[29] “Estado de alerta del gremio médico”, en LT, 24 de abril de 1974; “La suspensión de médicos de hospitales de la municipalidad”, en LT, 29 de abril de 1974; “La UMA se dirigió al Intendente municipal”, en LT, 8 de mayo de 1974.
[30] “Dejan sin efecto unas suspensiones”, en LT, 14 de mayo de 1974.
[31] “Hubo acuerdo en el conflicto municipal”, en LT, 28 de noviembre de 1974.
[32] Héctor Páez, entrevista realizada por la autora, Rosario, 28 de julio de 2019. Sobre este tema, véase Santella y Andújar (2007); Rodríguez y Videla (2013).
[33] Páez, entrevista realizada por la autora.
[34] Ingresó a la Unidad Regional II de Policía de la provincia de Santa Fe y luego fue trasladado a la Unidad Penal Modelo N° I, conocida como cárcel de Coronda. Desde fines de 1974, esta unidad carcelaria incrementó el número de presos políticos y empezó a ocupar un lugar axial en la represión desplegada en la región. El aluvión de ingresos en el ala de presos políticos comenzó tras la declaración del Estado de sitio, en noviembre de 1974, y un momento clave fueron los meses de marzo y abril de 1975, cuando se desató la represión sobre el conflicto laboral en Villa Constitución. Sobre este tema, véase Pisarello (2014).
[35] La “opción” consistió en una garantía prevista en el artículo 23 de la Constitución Nacional, según la cual las personas detenidas “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” por razones preventivas, sin causa ni proceso judicial, podían optar entre permanecer privadas de la libertad en el país o recuperar la libertad en un país extranjero que aceptara recibirlas. El ejercicio de este derecho fue suspendido tras el golpe de Estado de marzo de 1976 y restablecido en 1977. Sobre este tema, véase Jensen (2019).
[36] Páez, entrevista realizada por la autora.
[37] En Rosario, el 17 de noviembre de ese año, el Comando del II Cuerpo de Ejército dio inicio formal a las operaciones antisubversivas, inaugurando una escalada represiva que adquirió un nuevo grado de sistematicidad y que se profundizó tras el golpe de Estado de marzo de 1976. Cabe aclarar que, si bien el Comando del II Cuerpo asumió la conducción general de la lucha antisubversiva en la ciudad, la policía provincial conservó amplios márgenes de autonomía en la planificación y ejecución de las acciones represivas, entre otras razones por su conocimiento del territorio (Águila, 2017).
[38] DMR, Libro de decretos año 1976, tomo 4, pp. 198-250.
[39] Ingresó a la Unidad Regional II de Policía, luego fue trasladado a la Unidad III de Rosario (conocida como “la redonda” y finalmente al penal de Coronda. Mattos, entrevista realizada por la autora.
[40] En septiembre de 1974, la ley de seguridad nacional Nº 20.840 habilitó las detenciones por razones políticas por parte de las fuerzas de seguridad legales, penalizó la actividad subversiva en todas sus manifestaciones y avaló el uso de la represión contra un enemigo general que incluyó a militantes políticos, gremiales y estudiantiles vinculados a las organizaciones de izquierda.